En sólo dos años el gasto que se destina a las actividades militares en México pasó de 118,000 a 140,000 millones de pesos, lo que representa un incremento de 20%, de acuerdo con la más reciente actualización del Índice de Paz México.
El impacto económico de las políticas públicas y programas para contener la violencia en el país avanzó 2.3%, lo que se explica fundamentalmente por el gasto ejercido en las fuerzas armadas y no en sistemas de prevención, seguridad pública, sistema de justicia o protección ciudadana. De hecho, el gasto en este último rubro se ha recortado cerca de 31% desde el 2015.
Por su parte el gasto en seguridad pública, a través de la policía, los servicios de protección, los costos de custodia y encarcelamiento, la vigilancia y seguridad de las personas y los respectivos costos de administración ha disminuido 32% desde el 2012.
Otro de los rubros que han sido más castigados es el del gasto dirigido a la justicia que sólo en 2020 cayó 1.5% respecto del año previo, de acuerdo con el informe del Índice de Paz México.
Estas cifras reflejan un incremento de la apuesta de las autoridades por contener la violencia y la inseguridad mediante el uso de las fuerzas armadas y su empoderamiento presupuestal en lugar de impulsar programas de prevención y seguimiento.
El estudio también señala las importantes barreras que enfrenta el país en materia de justicia; lo que provoca una mayor incidencia de la impunidad y por ende mayor presencia del crimen y la violencia.
