Manuel Gil, un maestro mexicano asegura que ya está cansado de que se oculten los casos de abuso sexual en las escuelas del país, su petición y exigencia a las autoridades de seguridad y educación ha llegado hasta la plataforma de change.org.
De acuerdo con el informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC, se deriva una inexcusable obligación para las autoridades educativas y de procuración de justicia en los distintos órdenes de gobierno: debe ser desterrada de inmediato la infiltración de delincuentes que, usurpando los puestos de maestras, maestros, directivos, asesores o empleados en la administración o cuidado de los espacios escolares, realizan de manera concertada, según se revela en el informe, formas de abuso sexual que resultan inenarrables por la perversidad y crueldad con las que se llevan a cabo.
¿Qué se pide a las autoridades ?
1. A las autoridades educativas federales y estatales que manifiesten, de manera pública y clara, su compromiso con la investigación que se requiere realizar en todas las entidades para erradicar tanto el abuso sexual infantil aislado, como el que puede tener ya características de organizado, tanto en el sector público como en el privado que también está en el ámbito de sus competencias.
2. A las autoridades educativas de los planteles y sistemas escolares particulares y sus dueños (ya sean asociaciones civiles, empresarios o denominaciones religiosas de distinto tipo), que expresen, también de manera pública y clara, su compromiso con las tareas que es preciso realizar para erradicar estas prácticas.
3. A las autoridades educativas federales y estatales, que establezcan protocolos adecuados en la supervisión de las relaciones en las escuelas, incluyendo previsiones en las formas de contratación y la solución de eventuales casos de abuso, no como asuntos a resolver al interior de las burocracias educativas o sindicales, sino dando vista inmediata – de contar con elementos suficientes – a las instancias de procuración de justicia que corresponda.
4. Al Estado mexicano, y en especial al Poder Legislativo, que asigne los recursos necesarios con el fin de que todas las escuelas, además de contar con infraestructura suficiente para el cuidado de la salud y el mejor ambiente para el aprendizaje, se adecuen a la máxima transparencia en cuanto a los espacios escolares, evitando sitios en los que se puedan ocultar los delincuentes para realizar sus crímenes.
5. A la Fiscalía General de la República y sus homólogas estatales, que de inmediato se den a la tarea de realizar una investigación exhaustiva que descarte, o en su caso descubra y destierre, la probable existencia de formas organizadas para la comisión de abusos sexuales en los planteles, empleando para ello todos los recursos a su alcance, en especial la Policía Cibernética que indague el destino del material gráfico que se está generando.
Quienes firmamos somos parte del magisterio en México, profesoras y profesores de escuelas públicas y privadas; en nuestro nombre y seguramente en el de miles de colegas más, queremos expresar a la comunidad toda, de manera enfática, nuestro rechazo absoluto a las prácticas que se han denunciado y la urgencia de llevar a cabo las acciones necesarias para evitarlas y erradicar la posible presencia de mafias que capturan espacios escolares para cometer delitos.
