Por unanimidad el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó tipificar que comete el delito de fraude
específico quien siendo particular y teniendo la posesión de un producto originado de la actividad
agrícola, ganadera, apícola, acuícola o pesquera, del que hubiere pactado la compra de manera
escrita o verbal con su productor, lo enajene o lo someta a un proceso de transformación, ya sea
por sí o por interpósita persona, y no pague lo acordado en los términos, condiciones y plazos
convenidos.
Con ello se da certeza a los eslabones de las cadenas productivas al evitar que el comprador
incurra en fraude hacia los productores.
En los sustentos de estas reformas y adiciones al Código Penal es que las mismas permitirán
mejorar las condiciones del sector primario, incentivando al menos el cumplimiento de las
condiciones de compraventa que se celebren y, en todo caso, sancionando por la vía penal a
quienes apartándose de las mismas incumplan lo convenido en dichas operaciones.
Las reformas aprobadas son a las fracciones VIII y IX; y se adiciona la fracción X al artículo 216
del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
La fracción X del artículo 216 dispone que “siendo particular y teniendo la posesión de un
producto originado de la actividad agrícola, ganadera, apícola, acuícola o pesquera, del que
hubiere pactado la compra de manera escrita o verbal con su productor, lo enajene o lo someta a
un proceso de transformación, ya sea por sí o por interpósita persona, y no pague lo acordado en
los términos, condiciones y plazos convenidos”.
Las reformas y adiciones fueron presentadas por la ciudadana Roxana Vizcarra Hernández y los
ciudadanos Gonzalo Vizcarra Belderrain, Mauricio López Quevedo, Manuel Leobardo Hernández
Inda y Gerardo Sarabia Ramos.
Los promoventes se identifican como productores agrícolas, miembros de la Asociación de
Agricultores del Río Baluarte, preocupados por la situación que se presenta en su sector, sobre la
incertidumbre que viven en cada operación de compraventa por el producto de sus actividades,
siendo víctimas de incumplimiento de los precios pactados.
