No se puede llegar a la concreción del dictamen para reformar la Ley Orgánica de la UAS si no se acompaña el proceso legislativo de una Consulta a la Comunidad Universitaria, porque así lo marca la Ley General de Educación y la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, explicó la diputada Gloria Himelda Félix Niebla.
Por tal motivo, afirmó, la invitación al diálogo está abierta para que se recapacite y realmente se ponga al centro a la Comunidad Universitaria y la problemática que ahí se encierra.
“Extendemos la mano para que las autoridades de la UAS recapaciten respecto a su postura, por el bien de la Comunidad Universitaria y la educación superior de calidad en Sinaloa”, refrendó.
Señaló que el H. Congreso del Estado de Sinaloa inició el proceso legislativo de las 36 iniciativas que proponen reformas a la Ley Orgánica de la UAS pero necesita que se realice la Consulta a la Comunidad Universitaria.
“El Congreso no va a atropellar la Consulta prevista en la Ley General de Educación a la Comunidad Universitaria”, aclaró al precisar que el Poder Legislativo seguirá avanzando en los trabajos preparatorios para la elaboración del dictamen.
Apuntó que el viernes pasado la Junta de Coordinación Política dio un paso trascendental en la lucha permanente para garantizar seguridad y certeza jurídica de la educación superior que se imparte en Sinaloa. “El Congreso da un primer paso para los efectos de ser parte de la solución, no ser parte del problema”, dijo.
Lo anterior, señaló, para garantizar que las universidades públicas impartan sus cátedras con pleno apego a lo que es la nueva reforma educativa, por lo que necesariamente se debe reformar la Ley Orgánica de la UAS.
Sostuvo que luego de desistir el Congreso del recurso de revisión en el Tribunal de Circuito con sede en Mazatlán, se hizo del conocimiento de las autoridades universitarias como un gesto para invitar al diálogo.
Lamentó la reacción de las autoridades de la UAS. “Su respuesta es lo más alejado a la realidad: ellos dicen que retiramos el recurso porque ya lo habíamos perdido”, comentó.
Sin embargo, advirtió, esto se hizo con el ánimo de coadyuvar en la solución e invitar a la instalación de una mesa de diálogo.
Advirtió que aunque la UAS está en periodo vacacional espera que al iniciar actividades el 19 de agosto entren en razón las autoridades para efecto de reformar la Ley Orgánica de la UAS.
Criticó la postura de Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de Rectoría de la UAS, cuando señala que quiere una respuesta del gobernador Rubén Rocha Moya, puesto que este es un tema del Poder Legislativo.
“El gobernador tiene voluntad política para ayudar a la Universidad y así ha quedado de manifiesto en todos los apoyos que le ha otorgado, pero no confundan lo que está dentro del marco de competencia legislativo con la voluntad política del Ejecutivo”, acotó.
Sostuvo que ha sido tal el cumplimiento del Poder Ejecutivo que no sólo ha otorgado las ministraciones federales y estatales que se aprueban vía Presupuesto, sino que de manera adicional ha otorgado a la Universidad presupuesto extraordinario.
“La voluntad es tal que ha llegado a cumplir incluso con situaciones del SAT donde se vio involucrada la Universidad y que todavía están en vía de cumplimiento gracias al apoyo del Poder Ejecutivo”, dijo.
“Estamos llamados a garantizar la apertura democrática al interior de la UAS porque hay un reclamo social al respecto por la manera centralista en la que se toman las decisiones vía Consejo”, opinó.
Sostuvo que es necesario un marco normativo que garantice la gratuidad y que se ejerzan con mayor democracia y transparencia los recursos.
“Hay que ver que hay una nueva forma de pensar y de ver el ejercicio público más apegada a lo social, no podemos tomar decisiones a espaldas de la Comunidad Universitaria”, aseveró.
Enfatizó que la UAS se debe democratizar para que la Comunidad Universitaria participe en las decisiones, al enfatizar que se debe entender que existe una nueva dinámica desde la reforma educativa de 2021.
“Hoy la UAS, dijo, está secuestrada por un grupo autoritario que actúa y toma decisiones centralistas y alejadas de la Comunidad Universitaria”.
Finalmente, subrayó que los asuntos que tengan vía jurisdiccional o procesos judicializados es un camino completamente distinto que corre en las instancias jurisdiccionales, llámese Fiscalía o Poder Judicial, mientras que la reforma a la Ley Orgánica de la UAS es competencia del Congreso del Estado de Sinaloa.
