Durante el desarrollo de la audiencia contra el rector Jesús Madueña Molina, el exrector Juan Eulogio Guerra Liera y los comités de adquisiciones por la compra irregular de 45.5 millones de pesos de tortillas durante pandemia y por el cual fueron vinculados a proceso, se reveló que la Universidad Autónoma de Sinaloa canceló 694 facturas en tan solo dos días, mismas que sumaban un monto total de 24 mdp.
Asimismo, se indicó que estas facturas fueron canceladas los días 18 y 19 de agosto 2023, después de la primera fecha para la audiencia inicial, posterior a que los imputados contaban con las copias de la carpeta de investigación y antes de la segunda audiencia, y fueron aportadas a la investigación 13 horas antes de la tercera audiencia programada, la cual inició el 13 de septiembre 2023.
Dichas facturas canceladas tienen tiempos demasiados cortos entre la cancelación de una a otra factura como son de uno, dos o tres segundos de diferencia, por lo que deja ver que el proveedor cancelaba de dos a tres facturas al mismo tiempo y tal situación no es creíble, así como tampoco es creíble la cancelación masiva que realizó el proveedor en tan sólo dos días.
Tras un estudio por parte de la FGE a estas facturas cancelas, se arrojó que en las 366 facturas canceladas en 2021 fueron por el importe de $16’784,640.00 millones, comparado con el monto de las facturas emitidas a favor de la UAS en ese año fue de $18,684,400.00 millones; en tanto del 2022, las 328 facturas canceladas fueron por el importe de $7’889,480.00 millones. De igual forma comparado con el monto de las facturas emitidas a favor de la UAS en ese año fue por el importe de $9,114,280.00 millones; dando un total de las facturas canceladas por el importe de $24’674,120.00 millones.
El importe total de las facturas canceladas representa más de la mitad del importe facturado en los años 2020, 2021 y 2022, ya que el monto total de las 1,501 facturas emitidas a favor de la UAS, en esos tres años fue por el importe de $45,546,080.00 millones.
Cabe señalar que para que todas estas facturas quedaran con el estatus de canceladas, tuvo que haber un acuerdo entre la UAS y el proveedor, lo cual se hizo pero fuera de procedimiento , ya que la cancelación se llevó a cabo casi dos años después de emitidas, es decir, en cuanto se llevó a cabo la primera audiencia inicial, cuando los abogados, -quienes algunos son defensores de los acusados y apoderados legales de la institución víctima del delito- ya tuvieron en su poder las copias de las carpetas.
La defensa del imputado que presentó los 1,599 documentos entre ellos las 694 facturas canceladas, no dio a conocer ante el Juez la forma de cómo obtuvo todos los comprobantes de cancelación, quedando claro la gran influencia que tienen los imputados con el proveedor de las tortillas.
Es de llamar la atención, que el proveedor de tortillas manifestó que la UAS sólo le debía $850,000.00 pesos al día 03 de julio 2023, y después haya cancelado 694 facturas por un importe de $24’674,120.00 millones, las cuales canceló los días 18 y 19 de agosto 2023.
Así las cosas, el proveedor Sergio, ante esta Fiscalia aportó como dato de prueba estados de cuenta bancarios en los que aparecen los pagos que recibió de parte de la UAS, siendo 15 transferencias bancarias por la cantidad de $7,267,700.00 millones en el 2020; 86 transferencia por la cantidad de $16,293,400.00 millones en el 2021 y 33 transferencias por la cantidad de $1,104,970.00 millones.
Lo irregular de esas compras de tortillas, es que una factura en la que el precio del kilo de tortilla de maíz quedó registrado por $60.00 pesos el kilógramo de tortillas, y que utilizaban diferentes conceptos como totopos, tortillas de harina y otros productos, cuando los empleados de esas tortillerías refieren que solo se vendía tortillas de maíz, así mismo, los montos más altos de las compras de tortillas fueron en el 2020 y 2021 en tiempo de pandemia, cuando las casas del estudiante estaban solas, y en ese tiempo no hubo entrega de tortillas por el proveedor, dicho esto por los mismos empleados de la tortillerías.
A Madueña Molina y Guerra Liera se les vincula por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, mientras que, a los integrantes de los comités de adquisiciones de dicha universidad de los periodos del 2020, 2021 y 2022, por los delitos de Desempeño Irregular Pública.
Como medidas cautelares a las y los imputados, por Ejercicio Indebido del Servicio Público, Jesús “M” y Juan Eulogio “G” se les dictó la presentación periódica cada mes y medio ante la UMECA, así como la prohibición de salir del país; se negó la garantía económica propuesta y/o solicitada por la fiscalía; y se fijaron tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Estas mismas medidas cautelares se les impusieron a los vinculados a proceso por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, Héctor Melesio “C”, Soila Maribel “G”, Jorge “P”, Salvador “P”, Ismael “G”, Norma Alicia “A”, Manuel de Jesús “L” y Óscar Orlando “G”.
Con información de Los Noticieristas.
