Quienes recurran a esquemas de subcontratación ilegal enfrentarán penas de 13.5 años de cárcel debido a que esta práctica se considerará un delito calificado, advirtió Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación.
Al participar en el Parlamento Abierto en el tema de subcontratación, organizado por la Cámara de Diputados, Romero aseguró que parte de las propuestas de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing que envió el Ejecutivo federal para su discusión incluye tipificar como delito calificado esta práctica.
Aseguró que el que un delito sea calificado significa que las prestadoras acusadas de cometerlo llevarán su proceso en prisión preventiva cuando se trate de montos superiores a 7.8 millones de pesos, lo cual está de conformidad con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero el 2020.
