El juez de la corte superior de California del condado de Orange, Peter Wilson, decretó este viernes la reducción en un 50 % de la población de reclusos en las cárceles locales, satisfaciendo la demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que denunció que las condiciones de detención violan la Constitución del estado y la ley contra la discriminación por discapacidad.
Wilson ordenó que se presentara un plan correspondiente ante la corte a más tardar el 31 de diciembre. El plan debe garantizar el distanciamiento social “hasta que la actual emergencia por covid-19 sea declarada terminada”, dictaminó el juez.
La ACLU celebró el fallo calificándolo como una “victoria” para los presos “que tuvieron el coraje de hablar sobre la respuesta fallida del sheriff Barnes al covid-19”. El sheriff del condado de Orange, Don Barnes, anunció el 10 de diciembre que en las cárceles locales se confirmaron 74 casos de coronavirus, mientras que más de 300 personas que habían contactado con los positivos están en cuarentena.
La semana pasada las autoridades locales aseguraron al juez que un brote así sería imposible en los centros penitenciarios y que, de hecho, no había un lugar más seguro en el condado de Orange que la prisión.
