El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que aproximadamente 28 mil millones de pesos, ubicados en cuentas congeladas de la delincuencia organizada, serán distribuidos para la seguridad pública, de los cuales, el 45 por ciento será destinado a las Fuerzas Armadas.
En declaraciones en San Lázaro a representantes de medios de comunicación, indicó que la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito; “de esa aprobación surge la idea de un fondo para el asunto de la seguridad”.
López Hernández explicó que al reformarse dicha Ley se aligeró el trámite para que el recurso pase a la Tesorería de la Federación (Tesofe), que “es la que lo va a repartir en la siguiente proporción: 45 por ciento para las Fuerzas Armadas, 35 por ciento para los estados y el restante para los municipios”
Detalló que dicha modificación establece que, a más tardar en los últimos meses de 2023, se constituirá un fondo de 28 mil millones de pesos; “no es suficiente, pero es de inicio un buen avance”.
Al ser cuestionado sobre la reforma electoral, López Hernández prevé que la reforma electoral se apruebe antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, el próximo 15 de diciembre, ya que “hay algunos puntos en los que ya hay avance con los diversos grupos parlamentarios; la reforma electoral va”, y confió en que habrá consenso también en el Senado de la República.
Sobre su pendiente comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación comentó que va a ir a la par de la reforma electoral, porque los diputados y diputadas “tienen que aplicarse y dedicarse a la construcción de la reforma que el país requiere y el pueblo demanda; eso les va a llevar su tiempo, no voy a ser tan imprudente de venir a comparecer cuando ellos estén ocupados”.
Cuestionado sobre la confrontación entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, López Hernández dijo que eso es un asunto entre particulares, aunque sean políticos, y aseveró que no es su facultad intervenir para arreglar asuntos entre particulares; que “acudan al juez de paz, sino a los tribunales”.
