José Francisco “S”, quien se desempeñaba como Jefe de Mantenimiento y Jefe Biomédico del Hospital General Martiniano Carvajal en Mazatlán, fue sentenciado a 3 años 6 meses de prisión (que es la mínima para este delito) por el robo de equipo médico valuado en más de 7.5 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron el 11 de junio del año 2020, cuando el hoy sentenciado aprovechándose de su empleo se apoderó de 10 monitores los cuales se encontraban en el área de transición de terapia intensiva neonatal, terapia intensiva y en bodega, los cuales eran propiedad de los Servicios de Salud de Sinaloa. Dichos monitores tienen un valor de 7 millones 543 mil 354 pesos.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en el Delito de Robo de la Región Sur; formuló la imputación por los delitos de robo quebrantando la confianza derivada de una relación de trabajo y abuso de autoridad en audiencia inicial efectuada el 9 de julio de 2020.
El 13 de julio de 2020 se celebró continuación de audiencia inicial sin detenido, representado por sus abogados, quienes pidieron la duplicidad del término por lo que, en esa fecha se vinculó a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada con seis meses de plazo para cierre de investigación.
El 18 de enero de 2021 se reaperturó la investigación a cuatro meses la cual finalizaría el 27 de mayo de 2021; el 3 de septiembre de ese año se presentó acusación escrita y el 18 de enero de 2022 se llevó a cabo audiencia intermedia, dictándose auto de apertura a juicio oral.
Al acusado, el 7 de octubre de 2022 la Juez le revocó la prisión preventiva justificada, imponiéndole medidas cautelares en libertad. El 16 de enero de 2023 inició debate de juicio oral y el 18 de abril de este mismo año, la Juez dictó fallo condenatorio contra José Francisco “S” por el delito de robo quebrantando la confianza derivada de una relación de trabajo en agravio de los Servicios de Salud de Sinaloa, pero lo absolvió del delito de abuso de autoridad.
La Fiscalía promovió el recurso correspondiente al no estar de acuerdo con el fallo o sentencia absolutoria por el delito antes mencionado.
En juicio oral de la causa penal 138/2020, la Jueza emitió fallo absolutorio por el delito de abuso de autoridad y no se pronunció con respecto al pago que deberá hacer el hoy sentenciado como reparación del daño, por lo que éste deberá ser tramitado ante el Juez de Ejecución.
La Juzgadora tampoco se pronunció referente al decomiso de dinero que se le aseguró al acusado al momento de ejecutarle orden de aprehensión; en consecuencia, no se resolvió el destino final de ese numerario.
Con información de Los Noticieristas.
