La reforma a la Ley Orgánica de la UAS se llevará a cabo aun cuando las autoridades universitarias se nieguen a cooperar para realizar la obligada consulta que mandata la Ley General de Educación Superior, aseguró el diputado Adolfo Beltrán Corrales.
El presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Sinaloa, lamentó en entrevista radiofónica en el programa “El Congreso Informa”, que las autoridades de la centenaria institución ni siquiera hayan dado una respuesta a la invitación que se les hizo de parte de diputadas y diputados para trabajar en la reforma a la Ley Orgánica de la UAS.
Recordó que a la fecha suman 36 iniciativas de reforma a la Ley Orgánica, en su mayor parte presentadas por ciudadanos y universitarios, mismas que ya registran un buen avance en su proceso legislativo, pues ya están siendo analizadas para emitir el correspondiente dictamen, que deberá ser analizado y discutido para su aprobación ante las 40 diputadas y diputados que integran el Congreso del Estado.
Sin embargo, expuso que la Ley General de Educación Superior mandata a los Congresos Estatales que antes de reformar la Ley Orgánica de las universidades autónomas se tiene que realizar una consulta al alumnado, plantilla laboral y planta docente.
Eso, recordó, ya se hizo en la Universidad Autónoma de Occidente, donde se tuvo una buena coordinación para llevar a cabo la consulta universitaria, gracias a lo cual se pudo reformar la Ley Orgánica de esa institución.
En el caso de la UAS, expuso que la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología ya está revisando y analizando cada una de las 36 iniciativas para elaborar el dictamen correspondiente.
Por lo pronto, expuso, después de una revisión general de todas las iniciativas, se observa que hay cuatro propuestas que son comunes, y que son:
- Gratuidad de la educación, que no se cobre a quienes no puedan solventar las cuotas.
- Elección de las autoridades (rector, directores y Consejo Universitario) con el voto directo de estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras.
- Paridad de género en la integración del Consejo Universitaria y de las direcciones de las escuelas, así como en puestos de primer nivel. Esto ya es una obligación constitucional, y
- Transparencia y rendición de cuentas. Que haya mecanismos que garanticen la manera honesta y transparente del manejo de los recursos financieros.
