Diputadas y diputados de la 65 Legislatura dieron lectura este martes en Sesión Ordinaria a tres iniciativas, una que busca tipificar como delito el uso de “ponchallantas”. Otra iniciativa busca garantizar los servicios de salud a trabajadores de honorarios al servicio del Estado, y la tercera tiene como objetivo expedir la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Sinaloa.
La iniciativa que tipifica el nuevo delito es presentada por integrantes de la Red de Abogados por la Legalidad y la Justicia Social de Sinaloa, quienes proponen adicionar el artículo 264 Bis.
El contenido parcial de este artículo establece que “Comete delito de atentado contra la seguridad de la comunidad al que elabore, posea o utilice instrumentos peligrosos llamados abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas, picos o “ponchallantas”, fabricados de materiales que, por su resistencia o contundencia, dañe o impidan el paso de vehículos particulares u oficiales. A quien incurra en esta conducta ilícita se le aplicará una sanción de cinco a ocho años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario.
La iniciativa que tiene por objeto garantizar los servicios de salud a trabajadores al servicio del estado fue presenta por diputadas y diputados del PAS de la 64 Legislatura y por la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez.
Proponen adicionar un último párrafo al artículo 8, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, a fin de establecer el derecho de las trabajadoras y a los trabajadores al servicio del Estado que sean contratados en forma transitoria, eventual o extraordinaria por más de un año de manera ininterrumpida, cualquiera que sea su denominación, a gozar de los servicios de salud, así como aquellos que señala la Ley Federal de Trabajo.
Por su parte, la iniciativa que propone expedir la Ley de Protección a la Maternidad, fue presentada por el diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, de la 64 Legislatura. Entre los objetivos de esta ley está el de ofrecer mecanismos de apoyo a las madres en situación de vulnerabilidad que les permita continuar con su embarazo sin descuidar sus estudios y puedan acceder a una estabilidad en materia económica a través de los apoyos públicos y también los que ofrece la asistencia social privada.
La ley propuesta consta de 32 artículos, divididos en cuatro capítulos, más otros cinco transitorios.
La presidenta de la Mesa Directiva, Yeraldine Bonilla Valverde, turnó las tres iniciativas a su segunda lectura de ley.
