En la sesión ordinaria celebrada este martes, el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal estatal, con lo que se actualiza el marco legal en materia del delito de halconeo.
Entre las modificaciones aprobadas, se incluye como conducta delictiva el “perseguir” a servidores públicos con fines ilícitos, así como el uso de medios tecnológicos para recabar y transmitir información de operativos o ubicaciones de las fuerzas de seguridad. También se establece como agravante el involucramiento de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad para la comisión del delito.
Las penas por el delito de “halconeo”, según el Código Penal actual, pueden ir de los 4 años seis meses hasta los 15 años de prisión, además de multas económicas que van de los mil a los 2 mil días de salario de los imputados.
Con estas reformas, las penas pueden aumentar hasta un 50 por ciento, con los agravantes antes referidos.
La iniciativa que busca combatir esta práctica utilizada por grupos criminales para obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad, fue impulsada por las diputadas María Teresa Guerra Ochoa y Arely Berenice Ruíz López, así como por el diputado Eligio López Portillo, integrantes del grupo parlamentario de Morena, y dictaminada por la Comisión de Justicia.
Con esta aprobación, se atiende la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentar a la delincuencia organizada, particularmente frente al uso de tecnologías no reguladas e involucrar a personas en situación de vulnerabilidad en actividades de vigilancia ilícita.
En el dictamen se mencionó que la reforma responde a una realidad alarmante, en referencia a la sofisticación de los métodos del crimen organizado para vigilar y sabotear los esfuerzos de las instituciones de seguridad pública, por lo que el Congreso asumió su responsabilidad atendiendo este tema.
También destaca que desde 2013 el delito de halconeo ya estaba tipificado en la legislación estatal, sin embargo, el uso creciente de herramientas tecnológicas y el incremento en la instalación ilegal de cámaras de videovigilancia, evidencian la necesidad de adecuar la norma a los nuevos desafíos.
La reforma también se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad, promovida por el gobierno federal, al reforzar el marco de colaboración entre instituciones locales y federales, y priorizar la protección de la ciudadanía.
