Culiacán, Sinaloa.-La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a cinco nuevas iniciativas que propone reformas y adiciones diversas a distintas leyes de la entidad.
Las iniciativas leídas son las siguientes:
*Iniciativa de la diputada Arely Berenice Ruiz López, de Morena, que propone adicionar el capítulo III Bis, denominado “Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”, con los artículos 243 Bis y 243 Ter, al Código penal para el Estado de Sinaloa.
La propuesta es incluir este capítulo en la sección “Delitos contra la Familia”, y establece lo siguiente:
“Comete el delito de reclutamiento de personas menores de 18 años quien, por cualquier medio, reclute, induzca, capte, invite, convenza o utilice a una niña, niño o adolescente para que participe directa o indirectamente en la comisión de cualquier delito previsto en este Código;
“A quien incurra en este delito se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y de doscientos a mil días de multa”.
De igual manera se propone que esta pena se aumente en una mitad cuando:
l. El delito sea cometido por el ascendiente, adoptante, tutor o familia de la víctima; II. El responsable tenga a la víctima bajo su custodia, guardia, educación o cuidado;
III. Se ejerza violencia física, moral o psicológica en contra de la víctima;
IV. La víctima se encuentre en situación de orfandad, situación de calle, discapacidad, migración o cualquier otra situación de vulnerabilidad; y
V. El delito sea cometido por servidoras públicas pertenecientes a instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, que propone reformar la fracción VII del artículo 380 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, en materia de pérdida de la patria potestad.
Tiene como objeto establecer que la patria potestad se pierda siempre y cuando haya una sentencia de juez competente que fije el monto de la pensión.
El artículo 380 establece las causales por las que se pierde la patria potestad, y en su fracción VII ya se señala que se pierde si se incumple con el deber irrenunciable de otorgar alimentos a los hijos por más de tres meses sin causa justificada.
La propuesta es añadirle que esta condición debe cumplirse siempre y cuando haya “resolución judicial que fije el monto de la misma”.
*Iniciativa de la diputada Reynalda Leyva Urías, de Morena, que propone reformar el artículo 372 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de agravantes al delito de quema de soca y esquilmos agrícolas.
La iniciativa propone incrementar tanto la pena de cárcel como el monto de la multa a imponer a quien dolosamente realice la quema de soca y esquilmos agrícolas.
Las penas vigentes van de uno a siete años de prisión y una multa de quinientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La propuesta es incrementarlas de dos a ocho años de prisión y una multa de setecientas a tres mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
También se propone que el juez podrá imponer la sanción accesoria de inhabilitación temporal para desempeñar actividades agrícolas en el predio o predios afectados, hasta por un ciclo agrícola.
De igual manera se propone que las penas previstas se aumentarán hasta en una mitad más del máximo establecido cuando:
l. El incendio provoque daños a la salud pública, afectaciones a viviendas, bienes de uso común o áreas naturales protegidas;
II. Derive en una contingencia ambiental reconocida por la autoridad competente;
III. Existan reincidencias en la práctica dentro del mismo ciclo agrícola o en ciclos consecutivos por parte del mismo productor, arrendatario o responsable del predio agrícola; y
IV. La quema ocurra en zonas de resguardo ecológico, cercanas a cuerpos de agua, humedales o áreas de especial valor ambiental;
En todos los casos, el juez podrá imponer como medida complementaria de reparación del daño ecológico, la reforestación del área afectada, saneamiento del suelo o cualquier otra acción destinada a mitigar los efectos del daño ambiental causado.
*Iniciativa de la diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, de Morena, que propone reformar el segundo párrafo del artículo 223 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, en materia de deudores alimentarios morosos.
El citado artículo vigente establece que para declarar a una persona como deudora alimentaria morosa, se requiere que se incumpla con la obligación alimentaria ordenada por resolución o convenio judicial, por un periodo de noventa días, total o parcialmente de forma sucesiva.
La iniciativa propone reducir el tiempo actual de 90 días a un periodo de dos meses o sesenta días, total o parcialmente de forma sucesiva.
*Iniciativa del diputado Juan Carlos Villa Romero, del PVEM, que propone reformar las fracción V y VI, y adicionar la fracción VII al artículo 11 de la Ley de Pesca y Acuicultura Sustentables del Estado de Sinaloa, en materia de apoyos en beneficio de la población pesquera y acuícola.
El citado artículo faculta al Estado para celebrar convenios o acuerdos de coordinación con sus municipios, con el objeto de sentar las bases para la ejecución de diversas funciones.
La propuesta es adicionar una función, la cual es “la entrega directa anual de apoyos que beneficien en sus actividades a los sectores pesqueros y acuícolas de su población”.
