La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado inició la revisión de los informes sobre las
auditorías practicadas a ayuntamientos y otros entes públicos, en donde se reporta que siguen
registrándose adjudicaciones directas de más del 90 por ciento de las obras públicas, deficiencias
en los Órganos Internos de Control, entre otros hallazgos.
Personal de la Auditoría Superior del Estado hizo la presentación de los informes individuales de
la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas del año fiscal 2022 de los municipios de
El Fuerte, Choix y Guasave.
Asimismo, presentó los resultados de Auditorías al Desempeño del Sistema Estatal DIF, Icatsin,
Codesin, Codesin, Secretaría de Agricultura y Ganaderia, Comisión de Vivienda del Estado de
Sinaloa y de la Universidad de la Policía.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas, explicó que el
Congreso del Estado tiene hasta el 30 de noviembre como plazo para aprobar o rechazar las
cuentas públicas de ayuntamientos, los tres poderes del estado, organismos autónomos
constitucionales, organismos paramunicipales y estatales y universidades públicas.
Recordó que, gracias a reforma aprobada por la actual Legislatura, ahora sólo bastarán cerca de
11 meses, después de concluido el año fiscal, para que la población de Sinaloa pueda conocer
cómo estuvo el manejo de los recursos públicos por los entes señalados.
En la revisión de los informes de las auditorías aplicadas a los primeros tres ayuntamientos, que
son El Fuerte, Choix y Guasave, expuso que se han encontrado deficiencias en la administración,
principalmente en el primero de éstos, pero también se está viendo que en todos se repite la
adjudicación directa de obras públicas.
Sin embargo, el diputado Sergio Mario Arredondo aclaró que los representantes de los entes
fiscalizados todavía tienen tiempo para solventar las observaciones que se le han hecho.
En lo que se refiere a las Auditorías al Desempeño, expuso que una constante es que se está
trabajando sin una matriz de indicadores que permitan medir los resultados de la administración
de recursos, y que son necesarios para garantizar un uso más eficiente de éstos.
“Vamos a estar atentos sobre cuáles son los hallazgos para que sirvan de insumo y sean material para próximos procesos legislativos con los cuales se pueda robustecer la fiscalización de las cuentas públicas y garantizar así a los ciudadanos un manejo eficiente de los recursos públicos”, dijo.
