El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez, reconoció que, en el tema de las desapariciones forzadas, los resultados no han sido los esperados. En un período de cinco meses, se han registrado 1,019 casos, de los cuales solo 393 personas han sido localizadas, por lo que los operativos de búsqueda continúan en marcha.
Al responder a las demandas de la familia del empresario Sergio Guzmán Garate, de 64 años, quien cumplió un mes de haber desaparecido en Mazatlán, Castro Melendrez señaló que este y otros casos similares están siendo atendidos por las autoridades judiciales, encargadas de su investigación y búsqueda.
El funcionario, quien asistió en representación del gobernador Rubén Rocha Moya a la conferencia semanal, expresó su preocupación por los continuos actos de violencia en el estado, entre los que destacan las privaciones ilegales de la libertad, los homicidios dolosos y los robos de vehículos. Aunque no se puede establecer una fecha exacta para resolver esta crisis, que lleva cinco meses, destacó que en el caso de los homicidios dolosos se observa una tendencia a la baja. Mientras que en octubre se registraron 182 casos, en enero la cifra disminuyó a 138.
Respecto a los recientes episodios de violencia, como los asesinatos en talleres o establecimientos de bebidas alcohólicas, Castro Melendrez aclaró que no se ha identificado un patrón específico. Cada caso se investiga de acuerdo con sus particularidades y los posibles antecedentes de las víctimas.
El Secretario también destacó que las fuerzas federales y estatales revisan y evalúan diariamente las acciones a seguir, lo que ha permitido detenciones relevantes, así como el aseguramiento de armas y vehículos.
En cuanto a las quejas de los vecinos de la sindicatura de Jesús María, cuyas viviendas resultaron dañadas durante un operativo federal en el que fue detenido Mauro Alberto “El Piloto”, Castro Melendrez indicó que, hasta el momento, ningún afectado ha presentado una denuncia formal.
Finalmente, aclaró que todas las víctimas directas o indirectas de la violencia son atendidas, ya sea a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado o por la Comisión Estatal de Protección a Víctimas. Sin embargo, es necesario que las demandas se formalicen para poder brindar la asistencia correspondiente.
