En un esfuerzo por garantizar la transparencia, el Gobierno del Estado revisa anualmente las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos para analizar su evolución y detectar posibles irregularidades, destacó María Guadalupe Ramírez Zepeda, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC).
La funcionaria subrayó que, aunque se respeta el derecho a la adquisición de propiedades, es fundamental asegurar que estas se realicen de manera regular y dentro del marco legal. Además, enfatizó que no es objetivo del Estado fomentar el enriquecimiento de sus funcionarios.
“Todos los funcionarios estamos comprometidos a mantener claridad sobre nuestra evolución patrimonial. Aquí no queremos nuevos ricos ni nada que se le parezca. Cualquier adquisición debe ser reportada”, indicó Ramírez Zepeda.
En caso de que los servidores públicos no reporten nuevas propiedades, se emite una recomendación de aclaración para que atiendan esta situación en tiempo y forma. Si no se cumple con esta disposición, los funcionarios podrían enfrentar sanciones administrativas.
