La UAS está viviendo la etapa más oscura de su historia: ha sido capturada por un grupo de rufianes, quienes otorgan salarios de 95 mil a 120 mil pesos a hijos y familiares de exrectores, sin mérito académico alguno, y está incrustado un partido político que usa sus recursos financieros, materiales y humanos, acusó el diputado José Manuel Luque Rojas.
En entrevista ofrecida, el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, agregó que ese grupo de rufianes incrustados en la UAS ya está siendo investigado por las autoridades encargadas de impartir justicia por el desvío de los recursos de la institución.
Precisó que entre ese desvío están 45 millones de pesos facturados en tortillas y otro 70 millones en compra de carne que supuestamente estaban destinados para la alimentación de inquilinos de las Casas de Estudiantes.
Sin embargo, observó, esas Casas de Estudiantes estaban vacías cuando presuntamente se hicieron esas compras, porque estaba lo más álgido de la pandemia del Covid.
Es decir, puntualizó, hay un manoseo, un mal uso, una apropiamiento privado de los recursos públicos de la Universidad.
Como ya hay investigaciones al respecto y hay presuntos responsables, quienes no tienen defensa jurídica posible, entonces el grupo de rufianes incrustados en la UAS ven como única alternativa de salvación la lucha política, y para defenderse construyen una narrativa cuyo objetivo es confundir a la sociedad.
Adicionalmente a ello, agregó el diputado José Manuel Luque, quienes están lucrando con la UAS, crearon un partido político que obliga a los maestros y trabajadores de esta institución a militar en sus filas, condiciona a estudiantes a que participen en acciones partidistas a cambio de un determinado número de horas de servicio social.
Por todas estas irregularidades, agregó, quienes manejan la UAS se niegan a rendir cuentas, a transparentar el uso de los recursos públicos que maneja, razón por la cual ya hay procesos judiciales en su contra.
La salida que han encontrado a esta situación para defenderse, agregó, es la movilización, como lo hicieron en las afueras del Congreso, en donde bloquearon todos los accesos y obligaron a que la Mesa Directiva del Congreso suspendiera la Sesión Solemne en la que se analizaría el Segundo Informe del gobernador Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, denunció, en esta movilización se vuelve a evidenciar el presunto uso de recursos de la UAS, pues se están brindando alimentos a cerca de 10 mil personas, se registró toda una logística de traslado de mobiliario, de abastecimiento de agua y traslado en camiones.
Lo malo, dijo, es que todos esos recursos de la UAS se están utilizando para defender intereses del exrector Jesús Madueña, del actual encargado del despacho de la Rectoría, del responsable del Comité de Adquisiciones y otras personas, que en su conjunto están sujetas a proceso penal.
